La organización Transparencia Venezuela acusa al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez de incumplir sus promesas de transparencia en el manejo de fondos públicos. Según denuncias de la ONG, a pesar de los compromisos iniciales de crear plataformas digitales que permitieran el seguimiento de recursos, el gobierno ha mantenido una política de opacidad en la administración de fondos soberanos. Esta acusación cobra relevancia en un país que Transparencia Internacional clasifica como el más corrupto de América.
Al asumir el poder, Rodríguez anunció la creación de dos fondos especiales destinados a protección social y servicios públicos e infraestructura, respaldados por una plataforma tecnológica llamada Transparencia Soberana. La mandataria aseguró públicamente que el pueblo venezolano tendría acceso a información detallada sobre los ingresos por venta de petróleo y gas, así como sobre el destino de estos recursos. Sin embargo, el lanzamiento de la plataforma el 13 de marzo revelió un panorama muy diferente al prometido.
La página de Transparencia Soberana únicamente muestra que ingresaron 300 millones de dólares por concepto de "venta extraordinaria de fuel oil" y que la misma cantidad fue egresada bajo el rubro de "aumento del ingreso mínimo integral". Lo que genera mayor polémica es que no ha habido ninguna actualización desde su publicación, a pesar de que la plataforma señala que los datos "se publican de forma continua, a medida que se registran nuevos ingresos o egresos". Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, asegura que la presidenta "se está burlando de los venezolanos".
Según declaraciones del subsecretario de Estado estadounidense Michael Kozak ante el Congreso de Estados Unidos en abril, aproximadamente 3 mil millones de dólares fueron entregados al gobierno por concepto de venta de petróleo. Sin embargo, la documentación oficial no refleja el destino completo de estos recursos, profundizando las sospechas de que existe un manejo opaco de fondos que debería estar destinado al beneficio de la población venezolana. Esta discrepancia entre lo prometido y lo ejecutado refuerza la crítica internacional sobre la gestión de recursos en Venezuela.
Fuente: Infobae — Ver nota original
