El Parlamento de Venezuela aprobó en primera vuelta un proyecto de reforma que aumentaría de 20 a 32 el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La iniciativa fue presentada durante una sesión ordinaria transmitida por el canal de la Asamblea Nacional y aún requiere una segunda votación para convertirse en ley. Esta modificación se presenta simultáneamente con un proceso de selección para cubrir vacantes en la alta corte, motivadas por renuncias y jubilaciones recientes.
La reforma redimensionaría significativamente la composición de las principales salas del tribunal. Cinco de las salas del TSJ —la Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral— pasarían de tres a cinco magistrados cada una. Además, la Sala Constitucional estaría compuesta por siete integrantes en lugar de los actuales cinco, concentrando mayor poder decisorio en el máximo tribunal del país.
La aprobación fue marcada por fuertes críticas de la oposición parlamentaria. El diputado opositor Tomás Guanipa denunció que el proyecto fue entregado poco antes de la sesión y exigió un debate más profundo, argumentando que "no debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo que debe ser la justicia en Venezuela". El bloque Libertad salvó su voto y reiterated la necesidad de discutir abiertamente el futuro del sistema judicial, advirtiendo sobre la corrupción existente en el poder judicial.
Organizaciones de derechos humanos también expresaron preocupaciones sobre el proceso. La ONG Provea manifestó que la reforma judicial debe acompañarse de un proceso de selección transparente y conforme a la Constitución para los nuevos magistrados. Mientras tanto, el vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, argumentó que la Asamblea Nacional asumió la responsabilidad de combatir las fallas y presuntas mafias en el sector judicial, y durante la misma jornada el TSJ incorporó magistrados suplentes para reemplazar a ocho funcionarios jubilados.
Fuente: Infobae — Ver nota original
