Según Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, la desaparición y posterior muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas evidencia profundas fallas estructurales en el sistema punitivo venezolano. El caso destapa una cadena de responsabilidades que implica al gobierno interino de Delcy Rodríguez y expone cómo funciona la represión estatal contra los detenidos, particularmente aquellos catalogados como presos políticos. Himiob participó en la edición del martes 12 de mayo de "La Conversa", programa de investigación conjunto de Runrunes, El Pitazo y TalCual, donde analizó en detalle los atropellos cometidos en el caso de Quero.
Quero fue aprehendido de manera arbitraria en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio de 2024, sin orden de captura ni evidencia en su contra. Según Himiob, el comerciante de 51 años fue detenido únicamente por parecer extranjero y ser acusado infundadamente de mercenario, a pesar de ser ciudadano venezolano sin segunda nacionalidad. La detención marca el inicio de un calvario que incluyó desaparición forzada prolongada, negación de defensa privada y finalmente ocultamiento de su muerte.
Durante más de un año, la madre de Quero, Carmen Navas, acudió a todas las instituciones en busca de respuestas: Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares. Sin embargo, el Estado nunca proporcionó información sobre su paradero. Solo a través de compañeros de celda en la cárcel del Rodeo I en Miranda se supo que estaba detenido. La muerte de Quero fue revelada tardíamente por el Ministerio de Servicio Penitenciario el 7 de mayo mediante un comunicado, sin claridad sobre las circunstancias ni autoridades responsables.
Himiob señaló que el caso de Quero no es aislado sino un reflejo de la realidad que viven cientos de presos políticos en Venezuela. La cadena de responsabilidades es amplia e involucra a agentes de seguridad que realizaron la detención, funcionarios que negaron su ubicación y autoridades que autorizaron traslados e inhumación sin consulta. Para el director de Foro Penal, los tribunales del país son los principales responsables de permitir estos atropellos sistemáticos contra los derechos fundamentales.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
