La muerte de José Manuel García Sabino, ex concejal de Anaco, ha reabierto las heridas de la crisis humanitaria penitenciaria en Venezuela. El cuerpo del preso político fue hallado el domingo en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a aproximadamente 400 kilómetros de Caracas. Su fallecimiento constituye el segundo caso documentado de un preso político que muere bajo custodia del Estado en menos de una semana, elevando a 20 el número total de detenciones políticas que han terminado en muertes en cárceles venezolanas desde 2014, según confirmó la organización Foro Penal.
Hasta el momento, las autoridades competentes permanecen en silencio respecto a las causas reales del deceso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona para autopsia, pero los resultados no han sido divulgados públicamente. García Sabino había denunciado actos de corrupción en la alcaldía de Anaco, razón por la cual el exfiscal Zair Mundaray, actualmente en el exilio, calificó su detención como "claramente política". Foro Penal indicó que no existen reportes oficiales sobre el motivo de la captura ni sobre el estado de salud previo del fallecido.
Este caso se suma al de Víctor Hugo Quero Navas, otro preso político cuya muerte ocurrió hace nueve meses pero fue mantenida oculta por las autoridades. Quero, de 51 años, fue detenido arbitrariamente sin orden judicial entre enero de 2025. Su madre, Carmen Navas de 82 años, realizó gestiones desesperadas en múltiples centros de reclusión sin obtener información sobre su paradero, mientras las autoridades simulaban trámites judiciales que nunca avanzaban.
Según el Ministerio de Servicios Penitenciarios, Quero falleció el 24 de julio de 2025 por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar". Sin embargo, activistas denuncian que ingresó con hemorragia digestiva y fiebre, síntomas que podrían estar vinculados a las condiciones de su encarcelamiento. Lo más grave: tres días después de su muerte, fue enterrado en el Cementerio Jardín La Puerta sin notificar a su familia, argumentando que el interno "no suministró datos sobre vínculos familiares".
Fuente: Infobae — Ver nota original
