Un tribunal venezolano condenó el 5 de mayo de 2026 a María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador a 30 años de prisión por cargos de terrorismo en un caso iniciado en 2022. Sin embargo, la sentencia reabre interrogantes sobre la legalidad del proceso, ya que familiares y defensores denuncian que el expediente se construyó bajo desapariciones temporales, torturas e irregularidades procedimentales que comprometieron el debido proceso.
Nurys Villamizar, madre de los hermanos Domador, aseguró que sus hijos estuvieron desaparecidos durante ocho días tras su detención por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según su testimonio, fueron trasladados al río Torbes donde los obligaron a arrodillarse, los amenazaron de muerte, golpearon, asfixiaron con bolsas y mantuvieron colgados varios días. Los acusados fueron posteriormente trasladados a los centros de reclusión Rodeo II y Yare, donde permanecen actualmente.
La familia denuncia que previo a cualquier sentencia firme, los acusados ya eran presentados públicamente como terroristas, lo que condicionó la percepción mediática del caso y comprometió garantías fundamentales del proceso judicial. Familiares de los detenidos se reunieron con la Defensora del Pueblo Eglée González Lobato para exigir la revisión del caso y la libertad de los reclusos, argumentando que fueron víctimas de una persecución estatal injustificada.
El grupo de derechos humanos Surgentes documentó 67 casos similares solo en los dos primeros meses de 2026, revelando un patrón alarmante de detenciones envueltas en intimidación y miedo. El sociólogo Antonio González Plesmann señaló que estos casos conocidos como "falsos positivos Tancol" presentan patrones recurrentes de tortura, desapariciones y fabricación de pruebas, por lo que pidió que los afectados no sean excluidos de medidas de amnistía y se abra un proceso de reparación parcial para las familias perjudicadas por la actuación del Estado.
Fuente: Infobae — Ver nota original
