Una disputa sin precedentes enfrenta al gobierno de Estados Unidos con Nicolás Maduro en torno a quién debe costear su defensa legal en Nueva York. El expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, argumentan que el Estado venezolano debe financiar sus abogados en el juicio por cargos de narcotráfico que ambos niegan. Sin embargo, Washington sostiene que las sanciones económicas contra Venezuela impiden cualquier transferencia de fondos para este propósito, dejando a los acusados sin recursos aparentes para pagar una defensa que podría costar millones de dólares.
La tensión legal surgió inmediatamente después del arresto de la pareja el 3 de enero, cuando sus abogados solicitaron autorización a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que Venezuela financiara sus gastos legales. La OFAC inicialmente otorgó los permisos el 9 de enero, pero revirtió su decisión para Maduro en menos de tres horas y para Flores semanas después. Este cambio de criterio ha generado un conflicto constitucional sobre el derecho a la defensa, consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha presentado mociones ante el tribunal federal de Manhattan argumentando que la interferencia del gobierno violó derechos fundamentales de sus clientes. Aunque expertos en derecho procesal consideran improbable que el juez Alvin Hellerstein desestime los cargos por esta razón, la disputa refleja los desafíos sin precedentes que presenta este caso de alcance internacional. Ronald Allen, profesor de derecho penal en la Universidad Northwestern, describe la solicitud de desestimar como «absurda», sugiriendo que los tribunales probablemente rechazarán este argumento.
Este caso marca un territorio legal inexplorado sin comparables en procesos contra expresidentes extranjeros, lo que genera incertidumbre sobre cómo resolverá el sistema judicial estadounidense esta compleja intersección entre sanciones económicas y derechos constitucionales. La comparecencia ante el tribunal este jueves será crucial para definir si Maduro y Flores podrán acceder a una defensa adecuada bajo estas circunstancias sin precedentes, sentando potencialmente nuevos estándares para futuras persecuciones de líderes políticos extranjeros en territorio estadounidense.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
