Millones de venezolanos despiertan cada mañana enfrentando condiciones de vida cada vez más adversas. Antes de abandonar sus hogares, ya se enfrentan a carencias básicas: cortes constantes de agua potable que dificultan el aseo personal, desayunos insuficientes porque los salarios no permiten cubrir la cesta básica, y un transporte público deficiente que complica el traslado laboral. La inflación ha obligado a muchas personas a mantener dos o más empleos simultáneamente, mientras que para millones de familias hacer las tres comidas diarias se ha convertido en una imposibilidad económica. Al regresar a casa, los hogares permanecen sumidos en la oscuridad debido a los apagones diarios que se han normalizado en toda la nación.
La crisis se extiende más allá de los servicios básicos. Los hospitales funcionan sin insumos médicos esenciales, los colegios no reúnen condiciones mínimas para atender adecuadamente a los estudiantes, y aproximadamente 8 millones de compatriotas han sido forzados a migrar abandonando sus familias y seres queridos. A esta situación humanitaria se suma un contexto de represión y criminalización contra quienes se atreven a criticar la situación actual. Durante veintisiete años, un pequeño grupo se ha enriquecido desproporcionadamente mientras el país se deteriora sistemáticamente. A pesar de este tiempo transcurrido, las autoridades continúan anunciando reformas que resultan ser promesas vacías sin efectos reales.
Los datos recientes revelan la magnitud alarmante de la crisis eléctrica. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025, el 90% de los hogares venezolanos sufre cortes diarios o esporádicos en el servicio eléctrico, mientras que aproximadamente el 40% experimenta interrupciones que duran varias horas cada día. Regiones como Mérida, Táchira, Lara, Zulia, Yaracuy, Apure, Carabobo y Portuguesa reportan ciclos diarios de racionamiento no anunciado que pueden ocurrir en cualquier momento sin previo aviso. La incertidumbre sobre cuándo llegará el próximo apagón y cuánto tiempo durará genera una atmósfera de angustia permanente que afecta la planificación básica de la vida cotidiana.
Sin electricidad es imposible hablar de calidad de vida, reactivación económica o funcionamiento comercial adecuado. La penumbra física generada por los constantes apagones se entrelaza con una penumbra psicológica derivada de la incertidumbre permanente que afecta la salud mental colectiva. Las respuestas gubernamentales han sido inefectivas: en marzo se anunció un plan de ahorro energético que no produjo mejoras, y recientemente se proclamó la necesidad de reestructurar el sistema nacional de electricidad. Sin embargo, estas promesas no son nuevas; desde 2010 se vienen anunciando medidas de emergencia que nunca se concretaron en soluciones reales, consolidando un patrón de incumplimientos que profundiza la desesperanza colectiva.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
