La salida de Delcy Rodríguez hacia India ha vuelto a exponer una pregunta incómoda que el chavismo intenta evadir desde hace meses: ¿quién ejerce realmente el poder en Venezuela cuando la persona que figura como "presidenta encargada" abandona temporalmente el territorio nacional? Este interrogante no es menor, pues Delcy asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, pero nunca se anunció públicamente el nombramiento de un vicepresidente ejecutivo que formalmente cubra la línea de sucesión establecida por la ley.
La Constitución venezolana es clara en su artículo 234: las faltas temporales del presidente deben ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo. Sin embargo, el régimen chavista se ha movido durante meses en un limbo jurídico construido alrededor de la figura improvisada de "presidenta encargada", una fórmula impulsada por el Tribunal Supremo de Justicia para evitar declarar una falta absoluta que obligaría a convocar elecciones presidenciales. Este vacío legal se ha mantenido en silencio, pero la autorización oficial de la Asamblea Nacional para que Delcy viaje a India entre el 3 y 7 de junio ha vuelto a poner el tema sobre la mesa de manera incómoda.
La ausencia de un vicepresidente formal crea un escenario donde el régimen depende más de acuerdos internos que de reglas constitucionales claras. Aunque Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aparece como una de las figuras con mayor peso político dentro del chavismo actual, la Constitución solo lo coloca en la línea sucesoral cuando existe falta absoluta de un presidente electo antes de asumir el cargo, no en situaciones de ausencia temporal. Esta improvisación deja abiertos múltiples interrogantes sobre quién firmará decisiones ejecutivas, dirigirá el gabinete o asumirá eventuales contingencias durante la ausencia de Delcy del territorio nacional.
Mientras Delcy aterriza en Nueva Delhi para reforzar negocios petroleros y alianzas estratégicas internacionales, en Caracas permanece sin respuesta la duda fundamental que el chavismo ha intentado sortear mediante la ambigüedad jurídica: quién manda realmente cuando la propia sucesora se monta en un avión. Este vacío evidencia cómo la transición de poder tras la salida de Maduro ha sido construida sobre bases legales endebles, dependiendo de interpretaciones discrecionales del Tribunal Supremo en lugar de marcos constitucionales precisos y públicamente reconocidos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
