La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico con el objetivo de propiciar las inversiones privadas en este sector, que ha sido azotado por constantes cortes de suministro, especialmente en regiones alejadas de la capital. El diputado chavista Orlando Miranda explicó que en los últimos tiempos el sistema eléctrico nacional ha mostrado limitaciones estructurales y financieras para responder a la demanda de los venezolanos, argumentando que varias termoeléctricas permanecen paralizadas debido a la imposibilidad de comprar repuestos por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
La propuesta de reforma, presentada por Delcy Rodríguez, introduce un esquema de capital mixto y privado bajo un régimen de concesiones con supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras. Según Miranda, esta estrategia buscará empoderar directamente al ciudadano, ya que las empresas distribuidoras quedarán obligadas a compensar económicamente a los usuarios por daños causados por apagones o deficiencias en la calidad del servicio. La viabilidad económica de la reforma se sustentaría en un diseño de tarifas que contemple los costos reales y permita una rentabilidad razonable para los inversores, vinculada a criterios de eficiencia operativa.
Por su parte, el diputado opositor Ezio Angelini cuestionó la reforma al proponer que la ley contemple la descentralización del sistema y aborde la corrupción como causa fundamental de los constantes cortes. Angelini instó a realizar una auditoría profunda sobre el destino de los recursos asignados al sector eléctrico a lo largo de los años. El parlamentario opositor señaló datos preocupantes: en 2019 Venezuela producía 20.000 megavatios mientras consumía alrededor de 12.000, pero actualmente produce apenas esos 12.000 megavatios y consume 14.000, generando un déficit energético crítico.
La reforma deberá pasar por un segundo debate en la Asamblea Nacional para obtener su aprobación final. Este proyecto representa el esfuerzo del gobierno por resolver la profunda crisis energética que aqueja al país mediante la participación del capital privado, aunque enfrenta críticas desde la oposición que cuestionan si realmente aborda las causas estructurales y la corrupción que han deteriorado el sistema eléctrico venezolano.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
