El gobierno interino venezolano ha presentado su versión de transparencia fiscal con números que resultan demasiado perfectos para ser creíbles. Según su propio relato, han ingresado exactamente 300 millones de dólares desde que Delcy Rodríguez asumió el mando, y milagrosamente, se han gastado esos mismos 300 millones sin un centavo de diferencia. Esta coincidencia aritmética, tan redonda y perfecta, contrasta radicalmente con la realidad documentada por organismos independientes y funcionarios estadounidenses. La discrepancia no es una cuestión de interpretación contable, sino un abismo que pone en evidencia la manipulación deliberada de cifras oficiales.
Funcionarios estadounidenses han declarado públicamente que los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano alcanzan los tres mil millones de dólares, una cifra respaldada por seguimiento oficial de fondos y declaraciones documentadas. Transparencia Venezuela, la organización dirigida por Mercedes de Freitas, confirma esta versión tras años de investigación meticulosa sobre la administración de recursos públicos. La diferencia entre las cifras oficiales y las independientes es de 2.700 millones de dólares, una cantidad que representa no un error contable sino un esquema sistemático de ocultamiento de información. Esta divergencia fundamental plantea interrogantes que ningún ciudadano debería temer hacer: ¿De dónde proviene realmente el dinero?, ¿Bajo qué contratos se autoriza?, ¿Dónde están los documentos de sustento?
La supuesta página oficial de transparencia no ha sido actualizada desde su lanzamiento y se limita a repetir el mismo balance vacío sin proporcionar detalles sobre origen, autorización o destino de los recursos. En un contexto donde ni siquiera se publica la Ley de Presupuesto nacional, donde la Contraloría funciona como un adorno institucional sin capacidad fiscalizadora real, la opacidad ha dejado de ser un accidente para convertirse en política deliberada de Estado. La rendición de cuentas se convierte en ficción cuando no existen cuentas que rendir, cuando los números no coinciden y cuando los documentos de respaldo simplemente no están disponibles para la ciudadanía.
Lo más significativo es que este esquema de ocultamiento tiene consecuencias inmediatas en el plano internacional. Cuando el dinero transita por el sistema financiero estadounidense, deja rastros ineludibles que se auditan, se cruzan y, si es necesario, se judicializan. A diferencia de Venezuela, donde la opacidad es norma, en Estados Unidos las cifras se verifican y los responsables responden ante la ley. La advertencia no es retórica: la brecha entre lo que el gobierno afirma y lo que la realidad documenta no es un problema administrativo, sino un indicador de delitos financieros que eventualmente serán procesados con toda la documentación que ya existe en manos de autoridades internacionales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
