Alex Saab, empresario venezolano de origen colombiano y cercano colaborador del régimen de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela a Estados Unidos el pasado sábado, llegando al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka en Miami escoltado por agentes de la DEA. Esta acción representa un giro sorprendente en la política del chavismo, que durante años protegió y promovió a Saab como símbolo de resistencia frente a Washington. El empresario había sido trasladado desde El Helicoide hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas, desde donde fue embarcado en un jet Gulfstream con destino a Miami, marcando la segunda entrega de Saab a la justicia estadounidense, aunque en esta ocasión directamente desde Venezuela.
La medida fue anunciada por el régimen con una fórmula deliberadamente ambigua: presentó a Saab como "ciudadano colombiano" a pesar de que Venezuela había presentado ante la justicia estadounidense al menos dos pasaportes venezolanos válidos del empresario y lo había defendido como su propio diplomático. Esta contradicción resulta especialmente notable considerando que Saab ocupaba el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional desde octubre de 2024, posición que solo perdió tras la transición de poder en Caracas bajo supervisión de la Casa Blanca. La reinterpretación de su nacionalidad por parte del gobierno venezolano viola claramente los fundamentos legales del país.
La acción del régimen constituye una violación flagrante de su propia Constitución, específicamente del artículo 69 que establece: "La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas". Sin embargo, el gobierno decidió interpretar que los dos pasaportes venezolanos de Saab no eran válidos sin proporcionar explicación alguna, permitiendo así su deportación. Esta acción refleja el cambio de alianzas políticas en Venezuela y la presión ejercida por Estados Unidos sobre el nuevo poder establecido en Caracas.
Saab no fue simplemente un contratista protegido por el chavismo, sino que alcanzó posiciones de responsabilidad dentro del gobierno venezolano. Fue señalado por Washington como presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado de participar en operaciones de tráfico de crudo para evadir sanciones internacionales. Su pasaporte venezolano documenta múltiples viajes a países estratégicos como Rusia, Irán, República Dominicana y Cuba. Los cargos que enfrenta en Miami no serían los mismos que Biden cerró con su indulto de 2023, lo que sugiere que existen nuevas acusaciones pendientes contra él en el sistema judicial estadounidense.
Fuente: ABC Espana — Ver nota original
