Especialistas en el área económica advierten que la renegociación de la deuda venezolana requerirá una auditoría independiente y apoyo multilateral. La opacidad oficial y los litigios globales vuelven complejo el proceso anunciado para superar el impago vigente desde 2017. Caracas. Un volumen de endeudamiento sin precedentes y una cascada de demandas internacionales marcan el inicio formal de la reestructuración de la deuda venezolana. El anuncio gubernamental busca poner fin al aislamiento financiero iniciado en 2017; no obstante, economistas independientes insisten en que será imposible avanzar sin una auditoría previa y un descuento sustancial en los saldos adeudados. En medio de la urgencia por recuperar el acceso al crédito internacional y frenar el aislamiento financiero, el anuncio de reestructuración emitido por la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, reactivó el interés de los acreedores internacionales en la deuda externa venezolana. El proceso se prevé complejo por la persistente falta de transparencia en los datos oficiales. Por su parte, la vocería oficial ha defendido que el estado de suspensión de pagos no respondió a la falta de voluntad, sino al impacto directo del bloqueo financiero derivado de las sanciones internacionales dictadas desde el exterior. Venezuela permanece en suspensión de pagos desde 2017, cuando las principales agencias de calificación crediticia confirmaron el impago de la República, una situación en la que el deudor incumple con la cancelación de sus compromisos financieros. Aunque en ese momento el Gobierno confirmó su intención de negociar, no fue sino hasta mayo de 2026 cuando comenzó formalmente la renegociación. Sin embargo, el éxito de este proceso aún genera cautela entre los tenedores de bonos ante las restricciones legales existentes y la incertidumbre sobre la validez constitucional de los compromisos sin aprobación legislativa. Economista María Antonia Moreno investigadora de la UCAB. Foto: JCS Un desafío financie
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