El expresidente cubano Raúl Castro fue imputado esta semana en Estados Unidos por la muerte de cuatro aviadores ocurrida en 1996, lo que lo convierte en el más reciente mandatario latinoamericano en enfrentar cargos ante la justicia estadounidense. Con esta imputación, Castro se suma a una lista de exjefes de Estado de la región que han sido procesados por autoridades norteamericanas, marcando un hito en las relaciones entre La Habana y Washington, que ha intensificado la presión sobre el Gobierno cubano para forzar cambios políticos.
Castro se une así a su aliado cercano Nicolás Maduro, quien fuera presidente de Venezuela hasta ser capturado en una operación estadounidense en Caracas el pasado enero. Maduro fue trasladado a Nueva York donde enfrenta serios cargos por narcoterrorismo. Sin embargo, analistas señalan que la avanzada edad de Castro, quien es nonagenario, hace poco probable que comparta el mismo destino que Maduro, siendo extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio en territorio estadounidense.
Esta práctica de perseguir líderes latinoamericanos tiene precedentes significativos. En 1989, Estados Unidos capturó a Manuel Noriega, líder de facto de Panamá, tras una intervención militar que incluyó un asedio de once días a la Nunciatura Apostólica donde se había refugiado. Noriega fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, cumpliendo 20 años en cárceles estadounidenses. De igual manera, Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, se convirtió en 2013 en el primer exmandatario latinoamericano extraditado por su propio país, siendo imputado por lavado de dinero y soborno tras recibir 2,5 millones de dólares de Taiwán.
Otros casos incluyen al expresidente hondureño Rafael Callejas, quien se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses en 2015 por su involucramiento en escándalos de corrupción relacionados con la Federación Internacional de Fútbol. Estos antecedentes demuestran que Estados Unidos ha mantenido una política consistente de perseguir y procesar a líderes latinoamericanos acusados de corrupción, narcotráfico y crímenes, extendiendo su jurisdicción más allá de sus fronteras.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
