El partido opositor venezolano Primero Justicia rechazó categóricamente la propuesta presentada por la Asamblea Nacional de realizar una reforma parcial de ley que aumentaría el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32 integrantes. A través de un comunicado en su cuenta de X, la agrupación denunció que esta iniciativa busca que el régimen "logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia", calificándola como una "nueva maniobra" del Gobierno para perpetuar su control sobre el sistema judicial.
Según la propuesta presentada por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, durante una sesión ordinaria, la reforma modificaría el artículo 8 de la ley para que cinco salas del TSJ (Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y Electoral) tengan cinco magistrados cada una en lugar de tres, mientras que la Sala Constitucional pasaría de cinco a siete integrantes. El presidente del Parlamento argumentó que esta modificación surge de un "interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela".
Primero Justicia enfatizó que el aumento de magistrados tiene como objetivo específico mantener el control político sobre "la Sala Constitucional y la Electoral", instancias clave en cualquier sistema democrático. La organización responsabilizó a los venezolanos de "insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad" y rechazó categóricamente lo que considera una estrategia de simulación institucional. La reforma aún debe pasar por una segunda discusión en la Asamblea Nacional.
El rechazo opositor se suma a las protestas del diputado Tomás Guanipa, quien señaló que el bloque parlamentario Libertad recibió el proyecto de ley apenas una hora antes de la sesión, lo que evidencia falta de transparencia en el proceso. Esta reforma coincide temporalmente con el proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones, en un contexto donde la administración ha anunciado una Gran Consulta sobre Reforma a la Justicia Penal para abordar problemas de retardo procesal y corrupción.
Fuente: Infobae — Ver nota original
