La organización Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado un total de 27 muertes de presos políticos bajo custodia del Estado venezolano desde 2014. Con el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra alcanza esta cifra alarmante que refleja un patrón sistemático de represión política. Estos decesos no constituyen hechos aislados ni accidentes administrativos, sino que representan una modalidad de ejecución que se perpetúa bajo la opacidad institucional y la desidia burocrática del chavismo.
Según la organización defensora de derechos humanos, la muerte de un preso político bajo custodia estatal no es un evento fortuito sino la expresión más extrema de la persecución política. En un sistema donde el Estado asume control total sobre la vida de los detenidos, cualquier fallecimiento en prisión se presume bajo estándares internacionales como responsabilidad estatal directa. Estos decesos resultan de una tríada de violaciones deliberadas: tortura y tratos crueles durante interrogatorios, negación sistemática de atención médica como castigo y omisión de medidas humanitarias básicas.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas ejemplifica la perversión institucional del sistema. Su madre, Carmen Teresa Navas de 81 años, recorrió durante 16 meses cada eslabón de la estructura estatal —cárceles, tribunales, CICPC, Ministerio Público y Ministerio de Servicio Penitenciario— recibiendo solo silencio e información contradictoria. Mientras los tribunales afirmaban que se encontraba en el Rodeo I, los funcionarios del penal lo negaban sistemáticamente, configurando un caso de desaparición forzada dentro del sistema carcelario.
La documentación de estos 27 fallecimientos representa un llamado internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. La negación de atención médica, la tortura encubierta y la ausencia de medidas alternativas a la privación de libertad configuran lo que organismos internacionales consideran ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de hechos administrativos. La cifra continúa en aumento mientras persisten las deficiencias en transparencia institucional y acceso a información sobre presos políticos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
