La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes que Venezuela ha consolidado un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en centros de reclusión, con un registro de 27 presos políticos fallecidos bajo custodia estatal desde 2014. Con la confirmación del fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, la ONG advirtió que estos casos responden a una práctica sostenida de represión ejecutada bajo opacidad institucional y ausencia de garantías judicales. La organización enfatizó que cuando el Estado asume la privación de libertad, adquiere responsabilidad total sobre la vida de los detenidos, por lo que cualquier deceso debe considerarse bajo estándares internacionales como potencialmente atribuible a la gestión del sistema de custodia.
El análisis de la ONG identificó tres factores recurrentes en las muertes ocurridas en custodia: presuntos actos de maltrato físico, falta de atención médica oportuna y omisiones judiciales frente a solicitudes de medidas humanitarias. El caso de Víctor Hugo Quero Navas fue calificado como un episodio de extrema gravedad, marcado por un prolongado período de incertidumbre para su familia. Su madre, Carmen Teresa Navas, recorrió distintas instituciones durante más de un año sin obtener información clara sobre el paradero de su hijo, y la organización denunció que la inhumación se realizó sin la presencia de sus allegados.
Justicia, Encuentro y Perdón cuestionó la falta de transparencia institucional en todo el proceso y exigió la aplicación del Protocolo de Minnesota para investigar muertes potencialmente ilícitas. Según la ONG, los procedimientos forenses no pueden quedar bajo el control de las mismas instituciones involucradas en la custodia de las víctimas, por lo que es imprescindible la intervención de especialistas independientes que garanticen investigaciones imparciales.
La lista de víctimas documentada por la organización incluye figuras prominentes como Rodolfo González, Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Raúl Isaías Baduel. La institución concluyó que estas muertes evidencian fallas estructurales en el sistema penitenciario y exigió el establecimiento de responsabilidades individuales para evitar que los recintos sigan operando como espacios de impunidad total.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
