La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala que compromete la integridad misma del país, según advierte Juan Bautista García Escalona, abogado y ex diputado. Desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio levantando empresas y operaciones de forma casi inmediata. García Escalona considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población continúe sometida a la violencia y al crimen organizado.
El dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza, calificando como mentira peligrosa las afirmaciones del Gobierno sobre una frontera segura. Sostiene que estas declaraciones son una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado. En ese contexto, denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, incluyendo vehículos, armas y lanchas, mientras reclama una defensa efectiva del territorio nacional.
Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está fragmentado por actores armados con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva. García Escalona denuncia entre los hechos más graves el secuestro de niños indígenas, registrándose casos de traslados forzados desde Elorza en Apure hacia Colombia y otros destinos, con sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos.
Frente a este escenario crítico, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. El abogado ha llevado denuncias ante organismos del Estado venezolano y, en su condición de representante de Fundaredes, ha acudido en varias ocasiones al Ministerio Público para exigir la apertura de investigaciones. Sin una respuesta institucional seria, advierte, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.
Fuente: Infobae — Ver nota original
