El Frente Institucional Militar (FIM), organización conformada por aproximadamente 250 militares retirados de diversos rangos, ha emitido un comunicado alertando sobre una crisis profunda que atraviesa Venezuela. La organización, liderada por el general de Brigada Juan Antonio Herrera Bentancourt, declara que el país experimenta una temporada de descomposición institucional, deterioro social acelerado y pérdida progresiva de soberanía. El FIM rechaza categóricamente lo que denominan como una "narrativa interesada" que intenta proyectar una imagen de estabilidad económica y bienestar social en el país, argumentando que esta supuesta prosperidad solo beneficia a pequeñas élites.
En su comunicado, los militares retirados resaltan la urgencia de un "despertar de conciencia" ante la situación que afecta a la nación. Rechazan que Venezuela se encuentre en una transición política o económica, por el contrario, advierten sobre una profunda desarticulación social que afecta a toda la población. Entre los principales problemas identificados mencionan el colapso generalizado de los servicios públicos, incluyendo la falta crítica de agua y gas, así como la precarización extrema de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Los militares retirados también denuncian el deterioro económico reflejado en salarios y pensiones que describen como insipientes e insuficientes para la subsistencia. Adicionalmente, acusan al gobierno de haber cedido el control territorial a grupos armados irregulares tanto nacionales como extranjeros, así como a facciones urbanas afines al poder establecido en Caracas. Estas transferencias de autoridad representarían, según su interpretación, una ruptura del orden constitucional y una entrega del territorio nacional a actores no estatales.
Como soldados de la República, el FIM exigió la inmediata libertad de más de 500 presos políticos, de los cuales aproximadamente 200 serían militares encarcelados por razones ideológicas. El comunicado invoca explícitamente los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, que establecen mecanismos de defensa ciudadana ante la ruptura del orden constitucional, sugiriendo una apelación a los derechos constitucionales de resistencia ante la crisis institucional.
Fuente: NTN24 — Ver nota original
