https://p.dw.com/p/5BzY3La persona que suceda a Gustavo Petro en la presidencia de Colombia tendrá que abordar su proyecto de paz total.Imagen: Esteban Vege La-Rotta/Anadolu/picture alliancePublicidadA pocos meses del nuevo traspaso del poder en Colombia, la "paz total" del presidente Gustavo Petro —eje central de su programa de gobierno— quedará como uno de los principales asuntos heredados para quien resulte vencedor en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo de 2026. Los tres candidatos con mayores opciones de llegar a la Casa de Nariño —Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella— plantean respuestas muy distintas frente a un conflicto que no solo persiste, sino que se ha vuelto más complejo, más violento, más entrelazado con dinámicas criminales transnacionales, especialmente en la frontera con Venezuela. Para una Venezuela que atraviesa una transición tutelada y aún incierta, cada una de esas respuestas podría plantear riesgos distintos: más margen de adaptación para los grupos armados, más desplazamiento de la violencia hacia su territorio o una fragmentación aún mayor del conflicto. El balance crítico de la paz total En su conjunto, los balances más recientes elaborados por académicos, organizaciones civiles especializadas y centros de pensamiento e investigación —con base en indicadores de seguridad, impacto humanitario y capacidad institucional— coinciden en señalar fuertes debilidades y limitaciones estructurales a este ambicioso proyecto. Tres años después de la promulgación de la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022), los datos revelan que, lejos de alcanzarse la "paz estable y duradera para Colombia”, los grupos armados ilegales se han fortalecido, volviéndose más grandes, más tecnificados y con una mayor expansión territorial. Al mismo tiempo, el conflicto se ha tornado cada vez más violento y difícil de gobernar. El más reciente análisis de coyuntura de la Fundación Ideas para la Paz (FiP), publicado en enero de 2026, estima que los grupos armados en Colombia crecieron cerca de un 23 por ciento en el último año, pasando de aproximadamente 22.000 integrantes en 2024 a 27.000 a finales de 2025. Al mismo tiempo, estos grupos han potenciado sus capacidades tecnológicas de tipo militar, en particular mediante el uso de drones y sistemas de vigilancia: solo en 2025 se registraron 277 ataques con drones explosivos contra la fuerza pública, más del doble de los contabilizados en 2024 (119). En términos geográficos, la política de paz total tampoco logró impedir que los grupos armados ilegales continuaran ampliando su poder e influencia territorial. Por ejemplo, según el informe La paz ¿cómo vamos? de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el ELN expandió su presencia territorial en alrededor de un 23 por ciento entre 2022 y 2025, pasando de 183 a 231 municipios. Al mismo tiempo, análisis de la FiP documentan que las disidencias de las FARC extendieron su huella hacia nuevas regiones del país, entre ellas Tolima y Huila. El fortalecimiento de estos grupos se ha dado, además, en medio de un proceso de fragmentación y confrontación interna, en el que distintas estructuras armadas se enfrentan entre sí, no solo por el control del territorio, sino también por el dominio de diversas economías ilícitas. De acuerdo con la FiP, con 13 zonas de confrontación activa en 2025 —casi el doble que al inicio de la paz total—, la violencia actual está menos marcada por la lógica insurgente clásica y más por la disputa de rentas ilegales, enclaves mineros, corredores de narcotráfico y control y extorsión de poblaciones locales. Finalmente, los balances especializados destacan que otra de las razones del fortalecimiento de estos grupos ha sido el crecimiento sostenido de sus redes transfronterizas en países vecinos —en particular en Venezuela—, lo que en algunos casos los ha transformado en estructuras criminales binacionales. Estas redes les permiten contar con bases logísticas, plataf
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