La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre una brecha significativa entre las cifras oficiales de liberaciones de presos políticos en Venezuela y los datos reportados por organizaciones de la sociedad civil. Mientras el gobierno sostiene que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía promulgada en febrero, la sociedad civil reporta que solamente 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares. Esta discrepancia fue detallada por el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un informe presentado ante el Consejo Permanente de la OEA.
La CIDH cuestionó severamente la condición real de los excarcelados, argumentando que no se trata de libertad genuina sino de una forma de "libertad vigilada". Ralón Orellana enfatizó que las restricciones impuestas incluyen prohibición de salida del país, presentación periódica ante autoridades, restricciones para manifestarse y hablar con la prensa. Estas limitaciones demuestran que, aunque han sido liberados formalmente, los beneficiarios de la amnistía continúan bajo un régimen restrictivo que compromete su libertad de movimiento y expresión.
El organismo internacional también identificó fallas críticas en el diseño y aplicación de la ley de amnistía que podrían facilitar futuras represiones. La CIDH criticó especialmente la "cláusula residual del artículo 9" que excluye acciones vinculadas a actores extranjeros, introduciendo un tipo de delito abierto y potencialmente aplicable contra opositores políticos. Además, advirtió que la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la posibilidad de futuros procesos de rendición de cuentas y justicia transicional.
Un aspecto preocupante señalado por la CIDH es la falta de independencia en los órganos encargados de aplicar la amnistía. La Comisión argumentó que los tribunales y la fiscalía responsables de ejecutar la ley son las mismas instituciones que sostuvieron las detenciones arbitrarias durante el régimen anterior. Esta situación perpetúa la impunidad al confiar la reparación de las víctimas a los mismos aparatos que ejecutaron la represión, limitando las posibilidades reales de justicia y reconciliación en el país.
Fuente: Infobae — Ver nota original
