El Parlamento de Israel aprobó una ley que impone la pena de muerte y permite juicios públicos contra los participantes en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La legislación fue respaldada por el gobierno y políticos de la oposición, aprobándose en la Knesset con 93 votos a favor, cero en contra y 27 abstenciones o ausencias. Los promotores del proyecto destacan que busca permitir que las víctimas y sus familias enfrenten directamente a los acusados de estos crímenes, describiendo a los atacantes como asesinos, violadores y secuestradores.
El 7 de octubre de 2023 fue el día más mortífero en la historia de Israel. Combatientes comandados por Hamás se infiltraron desde Gaza hacia territorio israelí, donde asesinaron a más de 1.200 personas, mayoritariamente civiles, y secuestraron a 251 más que fueron trasladados a la Franja de Gaza. La respuesta militar israelí desencadenó una guerra devastadora que ha cobrado la vida de al menos 72.740 personas en Gaza, en su mayoría menores, mujeres y ancianos, según reportes de salud palestinos.
La nueva legislación crea un marco legal especial para enjuiciar a los acusados directamente involucrados en los ataques del 7 de octubre, incluyendo miembros de la unidad de fuerzas especiales Nukhba de las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás. Los acusados enfrentarán cargos que van desde terrorismo y asesinato hasta violencia sexual y genocidio, todos punibles con pena de muerte. Los juicios se realizarán ante un tribunal militar especial en Jerusalén con procedimientos diferentes a los de un juicio penal convencional, incluyendo audiencias que podrían celebrarse sin la presencia física de los acusados.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la constitucionalidad y la imparcialidad del nuevo marco legal. El Comité Público contra la Tortura en Israel ha expresado que los miembros de la coalición gubernamental esperan explícitamente ejecuciones masivas como resultado de este tribunal, argumentando que los procedimientos existentes están diseñados para proteger los derechos de los acusados de una forma que esta nueva ley podría comprometer significativamente.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
