Human Rights Watch (HRW) cuestionó severamente la implementación de la Ley de Amnistía en Venezuela, señalando que adolece de graves deficiencias y no garantiza la liberación incondicional de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. La directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, advirtió que la aplicación "injusta y opaca" de la legislación promulgada en febrero ha "socavado aún más la liberación de los presos políticos", alejándose significativamente de sus propósitos declarados.
La ONG identificó múltiples obstáculos en la ejecución de la ley, incluyendo criterios de elegibilidad restrictivos que limitan su alcance a eventos ocurridos en años específicos, además de disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía discrecionalmente. HRW enfatizó que las autoridades venezolanas deben garantizar una aplicación transparente de la norma en toda su extensión y explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos arbitrarios.
Entre las irregularidades documentadas, la organización denunció que solicitantes de amnistía no han sido debidamente informados sobre los cargos que se les imputan ni sobre las pruebas en su contra, lo que dificulta argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad. Además, los jueces no han fundamentado adecuadamente sus decisiones de negación y han restringido el acceso a expedientes y representación legal, perpetuando un sistema opaco que favorece la impunidad.
Los problemas se exacerbaron con denuncias de corrupción en el proceso de amnistía, cuando familiares de presos políticos reportaron cobros en dólares en tribunales para obtener notificaciones de libertad. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció tener información sobre jueces que han cobrado indebidamente, mientras organizaciones de la sociedad civil continúan denunciando irregularidades generalizadas en la aplicación del instrumento legal.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
