Human Rights Watch (HRW) cuestionó severamente la implementación de la Ley de Amnistía venezolana, señalando que presenta "graves deficiencias" que han obstaculizado la liberación de presos políticos. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, aseguró que la ley "está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos" y que su aplicación "injusta y opaca" ha "socavado aún más" la libertad de los procesados. La organización instó a las autoridades venezolanas a garantizar la "liberación incondicional" de todas las personas detenidas arbitrariamente y a aplicar la norma de manera transparente y en toda su extensión.
Según el informe de HRW titulado "Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía", la legislación promulgada en febrero pasado presenta limitaciones significativas que restringen su alcance. La ley afirma abarcar actos cometidos desde 1999, pero limita la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos "en el contexto" de eventos específicos ocurridos en ciertos años. Además, contiene disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos que están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
La organización documentó múltiples irregularidades en la aplicación del instrumento legal, incluyendo que muchas personas que solicitan amnistía no han sido debidamente informadas sobre los cargos que enfrentan ni sobre las pruebas presentadas en su contra. Los jueces tampoco han fundamentado adecuadamente sus decisiones de denegar la amnistía, mientras que han restringido el acceso a expedientes y a la representación de abogados particulares. Estas prácticas dificultan que los solicitantes argumenten que cumplen con criterios de elegibilidad que ya son restrictivos por naturaleza.
La situación se complica aún más por denuncias de corrupción en el proceso. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó sobre jueces que habrían cobrado dinero durante el proceso de amnistía iniciado en febrero, mientras que familiares de presos políticos denunciaron en marzo cobros en dólares en tribunales para entregar las notificaciones de libertad plena. Organizaciones de la sociedad civil han rechazado tanto estas irregularidades como el cierre prematuro de la aplicación de la ley.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
