La política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista desde hace más de una década continúa generando consecuencias financieras devastadoras para Venezuela. Según estimaciones del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), los procedimientos arbitrales derivados de estas intervenciones estatales han condenado al país a pagar aproximadamente 30 mil millones de dólares, cifra que representa el 18% de la deuda externa total venezolana, calculada en 162 mil millones de dólares. Esta carga financiera se mantiene vigente a pesar de que la icónica expresión "exprópiese", popularizada por Hugo Chávez en 2010, pertenece a un período histórico que ya ha concluido.
El análisis de Cedice documenta un total de 57 procedimientos arbitrales en contra de Venezuela, de los cuales 47 fueron presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). De estos casos, 23 han terminado con fallos negativos para el país, generando compromisos de pago que actualmente representan una carga significativa en las negociaciones de reestructuración de deuda que promueve el gobierno. Los acreedores cuyas demandas fueron reconocidas en estos procedimientos poseen una posición de cobro privilegiada respecto a otros acreedores, lo que incrementa la complejidad de cualquier proceso de refinanciamiento.
Entre los casos más emblemáticos destaca la expropiación de ConocoPhillips en 2007, cuando Chávez decretó la nacionalización de proyectos en la franja petrolífera del Orinoco. La multinacional norteamericana demandó al país por 8 mil 446 millones de dólares y, a pesar de los llamados internacionales para nuevas inversiones, su dirección ejecutiva ha mantenido clara su posición respecto a obtener la compensación establecida en las sentencias vigentes. Otro caso relevante es el de Crystallex, empresa canadiense cuya concesión para explotar el yacimiento de Las Cristinas fue revocada en 2008, lo que generó demandas por mil millones de dólares y posteriores intentos de embargo sobre activos venezolanos en el extranjero.
Estas controversias internacionales demuestran cómo las decisiones expropiatorias de hace años continúan impactando la capacidad financiera de Venezuela en el presente. La política de nacionalizaciones, concebida como un instrumento de soberanía económica, ha resultado en una multiplicación de demandas arbitrales que drenan recursos ya escasos del país. Ahora, mientras el gobierno anuncia nuevas estrategias de reestructuración de deuda, estas obligaciones con acreedores privilegiados representan un obstáculo significativo en las negociaciones y en la recuperación económica que se espera alcanzar.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
