Estados Unidos anunció este martes la emisión de una licencia que autoriza a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras a asesorar a las autoridades venezolanas, la petrolera estatal PDVSA y sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda. La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, exime temporalmente de sanciones a estas entidades legales para que puedan dialogar con Caracas y preparar el terreno para futuras negociaciones de pasivos. Los servicios autorizados incluyen la evaluación, desarrollo y preparación de opciones de reestructuración de deuda, así como la elaboración de propuestas y materiales de apoyo relacionados.
Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene restricciones significativas sobre las operaciones concretas de reestructuración. El documento oficial aclara que, por el momento, continúan sancionadas las operaciones de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA. Esta medida representa un primer paso hacia la negociación sin abrir completamente las puertas a acuerdos finales, permitiendo que asesores preparen el camino mientras Washington mantiene control sobre las decisiones finales.
La concesión de la licencia se produce veinte días después de que el Fondo Monetario Internacional anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas. Tanto el FMI como los acreedores soberanos y bancos comerciales aún no tienen autorización de Washington para ejecutar operaciones de reestructuración de la deuda pública venezolana sin riesgo de sanciones. Esta sincronización sugiere una coordinación entre organismos internacionales y la administración estadounidense para avanzar gradualmente en la normalización de relaciones financieras con Venezuela.
Paralelamente, Washington extendió la protección sobre Citgo, la filial de PDVSA ubicada en Houston, Texas, frente a reclamaciones de acreedores. El Departamento del Tesoro autorizó ciertas transacciones relacionadas con un bono de deuda de 7.100 millones de dólares emitido en 2016, aunque mantiene restricciones que impiden ejecutar garantías sobre la refinería. Venezuela dejó de pagar esta deuda en 2019, y desde entonces los acreedores han intentado tomar control de Citgo para recuperar su inversión, pero el gobierno estadounidense ha bloqueado repetidamente estas acciones para proteger este activo estratégico.
Fuente: Infobae — Ver nota original
