Un grupo de diputados de la oposición venezolana denunció el martes que la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida hace diez meses pero notificada apenas la semana pasada, evidencia un sistema de justicia que ha perdido toda credibilidad y refleja el deterioro institucional del país. Stalin González, jefe del grupo parlamentario Libertad, afirmó que el caso del fallecimiento en la cárcel El Rodeo I demuestra que el sistema judicial "se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos y que no genera confianza". La fracción parlamentaria, que integran figuras como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, respaldó los llamados de organizaciones de derechos humanos para que se realice una investigación seria y transparente sobre lo ocurrido.
El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el jueves pasado la muerte de Víctor Hugo Quero Navas luego de 16 meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición del detenido. Según el comunicado oficial, Quero estuvo recluido desde el 3 de enero de 2025 en El Rodeo I, ubicada a 30 kilómetros de Caracas, y fue trasladado a un hospital el 15 de julio tras presentar hemorragia digestiva y síndrome febril. La administración penitenciaria indicó que falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar".
La tardanza de diez meses en informar sobre la muerte generó críticas generalizadas de decenas de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y activistas que cuestionaron la falta de transparencia estatal. La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció el inicio de una investigación penal con el respaldo del Parlamento, aunque las ONG exigieron que sea independiente y cuente con asistencia internacional para garantizar su objetividad e imparcialidad.
Desde la oposición se aprovechó el caso para abrir un debate más amplio sobre una reforma profunda del sistema judicial venezolano, que trascienda la reciente modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. González enfatizó que la discusión debe incluir la situación de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces, argumentando que "el tema va mucho más allá del número de magistrados". Mientras tanto, la Asamblea Nacional con mayoría chavista aprobó el martes la reforma al TSJ que amplía de 20 a 32 el número de magistrados de la alta corte.
Fuente: Infobae — Ver nota original
