Diosdado Cabello reconoció públicamente durante un acto en Zulia que el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos se ha desplomado completamente bajo el modelo económico implementado por el régimen durante más de dos décadas. Esta admisión refleja una realidad que millones de ciudadanos viven cotidianamente: la pérdida total del valor de sus ingresos y la incapacidad de adquirir bienes y servicios básicos con sus salarios. El dirigente oficialista intentó justificar la negativa del aparato chavista a decretar un aumento real del salario mínimo, argumentando que "si no hay plata, no puede haber aumento", una afirmación que contrasta con años de política monetaria expansiva basada en la impresión masiva de dinero que aceleró la inflación y erosionó los salarios.
Cabello prometió que en julio podría implementarse un nuevo ajuste económico "con todos los recursos para pagarle a la gente", aunque eludió abordar el verdadero problema estructural: el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalente hoy a menos de un dólar mensual. Esta cifra es insuficiente para satisfacer ni siquiera las necesidades básicas de alimentación de una familia promedio. Mientras tanto, funcionarios como Delcy Rodríguez intentan presentar como "recuperación económica" bonos maquillados y pagos temporales que no se traducen en mejora real de las condiciones de vida.
La realidad laboral venezolana revela un sistema de subsistencia precario donde millones de trabajadores dependen de ingresos que no generan prestaciones, vacaciones, utilidades ni derechos laborales reales. El llamado "ingreso mínimo integral" de 240 dólares depende casi completamente de bonos discrecionales controlados por el aparato estatal, lo que deja a los trabajadores vulnerables y sin estabilidad económica. Durante años, el chavismo ha sustituido salarios formales por bonos temporales precisamente para evitar aumentar la base sobre la cual se calculan los beneficios laborales, reduciendo prácticamente a cero las prestaciones sociales de trabajadores tanto públicos como privados.
La admisión del régimen, aunque parcial, reconoce el fracaso del modelo salarial que ha destruido el empleo formal en Venezuela y empobreció a la población trabajadora. El deterioro de la capacidad adquisitiva no es producto de circunstancias externas inevitables, sino de decisiones de política económica que priorizaron el gasto público descontrolado financiado con dinero inorgánico. Esta situación evidencia cómo décadas de decisiones equivocadas han convertido el trabajo formal en una actividad económicamente inviable y han obligado a millones a buscar alternativas de subsistencia fuera del sistema laboral tradicional.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
