La deuda externa de Venezuela asciende a 164.000 millones de dólares en 2024, según estimaciones de calificadoras e investigadores privados citadas por el economista José Guerra. Esta cifra representa un incremento dramático comparado con los 23.300 millones de dólares registrados en 1998, reflejando el deterioro de las finanzas públicas del país durante las últimas décadas. El crecimiento más acelerado de la deuda se concentró entre 2005 y 2016, periodo caracterizado por los altos precios del petróleo y la ausencia de datos oficiales actualizados que permitieran hacer un seguimiento transparente de las obligaciones financieras.
Del total de 164.000 millones de dólares, el Gobierno nacional adeuda aproximadamente 90.000 millones, mientras que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es responsable de unos 41.669 millones. El restante, cercano a 30.000 millones de dólares, corresponde a laudos arbitrales derivados de expropiaciones, obligaciones con proveedores y otras sentencias internacionales en contra del país. Según Guerra, esta magnitud del pasivo financiero condiciona cualquier intento de reestructuración de la deuda y complica significativamente las perspectivas de negociación con los acreedores.
El 13 de mayo, el Gobierno anunció el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda pública externa tanto de la República como de Pdvsa, presentándolo como un mecanismo integral para revisar y reorganizar las obligaciones financieras. Sin embargo, el economista advierte que este proceso no será rápido ni sencillo. Guerra enfatiza que una reestructuración viable requiere primero la publicación de cifras oficiales verificables que permitan establecer un diagnóstico claro de la situación.
Para que el proceso de reestructuración tenga viabilidad, Guerra plantea varios requisitos fundamentales: la conformación de un comité asesor independiente integrado por especialistas sin vínculos partidistas y con experiencia en mercados financieros, la obtención de una licencia del Gobierno de Estados Unidos (ya que la Licencia General 58 aún no autoriza la renegociación de deuda venezolana), e incorporar al Fondo Monetario Internacional. El economista subraya que la participación del FMI es crucial, no solo porque su evaluación de sostenibilidad es un estándar en reestructuraciones soberanas, sino porque representa un actor neutral sin vínculos con acreedores ni con el Gobierno venezolano.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
