La redemocratización de Venezuela representa una cuestión vital para la salud institucional de toda América Latina, no una opción estética ni un entretenimiento geopolítico. Insistir en este objetivo responde a compromisos jurídicos y morales suscritos en la Carta Interamericana y la Carta Democrática, instrumentos que no son piezas ornamentales sino obligaciones políticas concretas que los Estados del continente han contraído. Si se invoca el derecho internacional para otras causas, entonces debe prevalecer también en este punto específico, independientemente de alineamientos automáticos con potencias externas.
Extraer del poder a un dictador responsable de violaciones sistemáticas a derechos humanos, corrupción y actividades narcoterroristas no requiere justificaciones adicionales. Los dictadores no poseen inmunidad de jurisdicción, como algunos pretenden creer; es obligación de la comunidad internacional exponerlos como delincuentes ante tribunales competentes. La élite gobernante venezolana actual es conocida en todas las capitales latinoamericanas por su naturaleza corrupta y represiva, un hecho que no puede ignorarse sin socavar la credibilidad de cualquier posición política seria.
La actual figura que se presenta como alternativa no es una reformista democrática ni una estadista iluminada, sino una sobreviviente del chavismo que intenta construir un modelo de supervivencia política mediante formatos menos brutales. Esto no representa verdadera democratización sino una adaptación defensiva ante la incapacidad de mantener el sistema represivo anterior. Sin ingenuidades ni romanticismos, debe reconocerse que los actores del régimen sirven únicamente para perpetuarse en el poder, cambiando de lealtades según sea necesario para asegurar su continuidad política.
Una transición auténtica resulta difícil de creer mientras existan centenares de presos políticos en las cárceles venezolanas y las estructuras represivas permanezcan intactas. Los represores no construyen libertad; apenas administran simulacros de apertura cuando sienten presión externa. La consolidación de cambios democráticos reales requiere desmantelo efectivo de las estructuras represivas, garantías concretas de libertades fundamentales y justicia transicional, no solo cambios superficiales de administración política.
Fuente: Infobae — Ver nota original
