El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela ha emitido un comunicado público en el que califica como ominosos los recientes hechos relacionados con la detención arbitraria, desaparición, muerte y sepultura clandestina del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas. La organización considera estos eventos como un crimen de lesa humanidad y ha decidido actuar invocando los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como diversos tratados internacionales sobre desapariciones forzadas.
La petición formal dirigida a las autoridades responsables solicita la entrega inmediata de fe de vida de los 457 presos políticos que existen actualmente en Venezuela, según información proporcionada por el Foro Penal. Esta exigencia busca garantizar que todos los detenidos sean presentados físicamente ante los tribunales y sus familiares, demostrando así que se encuentran con vida y en buen estado de salud.
El Consejo Superior especifica seis requisitos concretos que debe cumplir la fe de vida solicitada. En primer lugar, demanda la presentación física de cada uno de los presos políticos ante el tribunal y sus familiares. En segundo lugar, exige que se expida una certificación médica del estado de salud de cada detenido, publicada en periódicos de circulación nacional y entregada individualmente a los familiares. Además, solicita que se permita visita familiar y de abogados privados dentro de 48 horas, que se identifique el lugar exacto de reclusión de cada preso y se notifique a sus familiares.
Finalmente, el comunicado también requiere la apertura inmediata de investigaciones sobre posibles delitos de desaparición forzada, tortura y violación de derechos humanos, así como la adopción urgente de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de todos los presos políticos. El documento fue firmado por dieciocho miembros del Consejo Superior, incluyendo figuras prominentes de la democracia cristiana venezolana, reafirmando así el compromiso de esta organización con la defensa de los derechos humanos en el país.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
