La cúpula del gobierno chavista ha iniciado una ofensiva de distanciamiento respecto a Alex Saab, el empresario que fungía como hombre de confianza de Nicolás Maduro y que fue deportado a Miami el pasado sábado. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, asestó el golpe más contundente al señalar que desde 2019 la situación de Saab representaba un asunto personal con agencias estadounidenses, insinuando conexiones ocultas que habrían estado veladas hasta el momento. Estas declaraciones marcaron el punto de quiebre en la relación entre el gobierno y quien fuera uno de los símbolos más visibles del poder madurista durante años.
La estrategia desplegada por los altos funcionarios chavistas refleja un cambio táctico en la forma de ejercer el poder en Caracas. Rodríguez no solo acusó a Saab de mantener vínculos con agencias estadounidenses, sino que dejó abiertas múltiples interrogantes sobre la verdadera naturaleza de sus actividades criminales, sugiriendo que la corrupción, el desfalco y los fraudes conocidos públicamente podrían ser apenas la punta del iceberg. Fuentes judiciales han confirmado que existen indicios de otros actos criminales no revelados por el momento.
La deportación de Saab ha generado un sinnúmero de cuestionamientos tanto en círculos chavistas como en la oposición. Durante años, el gobierno se jactó de que Saab era un ciudadano venezolano de honor, por lo que su entrega como ciudadano extranjero ha levantado sospechas sobre la legalidad del procedimiento y los verdaderos motivos detrás de esta decisión. El hecho de que Delcy Rodríguez entregara una pieza tan central del poder chavista apenas unos meses después de su retorno desde prisión estadounidense añade más capas de misterio a una situación que el gobierno intenta controlar mediante narrativas contradictorias.
Diosdado Cabello fue el primero en ejecutar la estrategia de separación, afirmando que Saab había obtenido fraudulentamente su nacionalidad venezolana, buscando así deslegitimar cualquier vínculo institucional entre el empresario y el Estado. Esta maniobra responde a lo que analistas interpretan como una nueva estrategia del poder en Caracas: desacreditar figuras que alguna vez fueron celebradas, atribuyendo sus delitos a responsabilidades individuales en lugar de sistémicas, separando así al gobierno de cualquier complicidad o responsabilidad política en sus actividades delictivas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
