La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por las personas que continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, demandando su liberación inmediata e incondicional. Simultáneamente, condenó enérgicamente las muertes de quienes han fallecido bajo custodia estatal y se solidarizó con sus familiares. La organización internacional continúa recibiendo denuncias constantes sobre el uso de la privación de libertad como mecanismo de control, censura y represalia contra opositores políticos, acompañado de graves violaciones al debido proceso y a la protección judicial que caracterizan la situación actual en el país.
Según reportes de sociedad civil hasta abril de 2026, aproximadamente 454 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Las denuncias también documentan la continuidad de prácticas sistemáticas como desapariciones forzadas, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica como parte de la represión estatal. Datos disponibles indican que al menos 18 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia, incluyendo a Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz y Víctor Hugo Quero Navas, entre otros casos documentados.
Aunque el régimen ha implementado medidas limitadas para la liberación de detenidos arbitrariamente, estas han tenido alcance reducido y aplicación inconsistente. La "Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", promulgada el 19 de febrero de 2026, fue presentada como solución oficial beneficiando a más de 8.000 personas según fuentes gubernamentales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos reportan cifras significativamente menores, señalando que solo 186 personas obtuvieron libertad plena, mientras que otras 554 permanecen sometidas a medidas cautelares restrictivas sin sobreseimiento completo.
Los datos de sociedad civil revelan un proceso de aplicación deficiente de la ley de amnistía, con 777 solicitudes presentadas de las cuales 322 fueron denegadas, 96 están en apelación, 434 aguardan decisión y apenas 19 fueron aprobadas. Esta discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones independientes evidencia la brecha persistente en la implementación efectiva de medidas de liberación y la continuidad de restricciones sobre los derechos de los excarcelados, manteniéndolos bajo vigilancia estatal.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
