Foto: Europapress La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió el martes 06-Oct, al Estado venezolano la liberación «inmediata e incondicional» de las personas que, según el organismo, permanecen detenidas «arbitrariamente» por razones políticas, entre ellas integrantes y exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de otros cuerpos de seguridad. «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la situación de personas integrantes y exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de otros cuerpos de seguridad del Estado que permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, así como por su procesamiento ante la jurisdicción penal militar», indicó en un comunicado. El organismo también expresó su «solidaridad» con los familiares de los detenidos, quienes han denunciado la «falta de información y de comunicación con sus seres queridos». La CIDH citó los registros de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), según los cuales al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB, así como de cuerpos policiales y de seguridad, permanecían privados de libertad por motivos políticos hasta el 20Sep. De ese total, 165 estaban en servicio activo y 31 en situación de retiro al momento de su detención. JEP contabilizó además ocho mujeres y señaló que al menos 14 de las personas detenidas presentarían un «estado de salud grave». El Foro Penal, por su parte, registraba el 14Sep, a 144 militares entre las 344 personas que considera presas por razones políticas en Venezuela. La CIDH aclaró que la diferencia entre ambos registros responde a los criterios utilizados por cada organización para identificar y documentar las detenciones por motivación política. No obstante, consideró que las cifras también evidencian la «necesidad de contar con datos oficiales, que respondan a los estándares de transparencia y acceso a la información pública». El organismo recordó que, según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, cinco militares recluidos en Ramo Verde fueron excarcelados el 18Ago. Sin embargo, sus procesos judiciales continúan abiertos y quedaron sujetos a medidas alternativas a la prisión, entre ellas presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y restricciones para ofrecer declaraciones a medios de comunicación. Entre las instituciones de las que proviene el mayor número de personas detenidas, según dijo, figuran la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la FANB. «Conforme a información allegada a la Comisión por organizaciones de la sociedad civil, los tipos penales predominantemente invocados en estas causas corresponden a la conspiración-imputada por fuera del contexto de manifestaciones públicas- y a la rebelión civil», destacó. Resaltó que los detenidos permanecen tanto en instalaciones militares como en centros penitenciarios ordinarios habilitados para su reclusión. Entre estos lugares se encuentran el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares (Cenapropemil) «Ramo Verde», el Centro de Procesados y Penados Militares (Cepropemil), en el Fuerte Guaicaipuro, además de Rodeo I, Yare II y el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como «Tocorón». La Comisión también manifestó su «preocupación» por las denuncias sobre muertes bajo custodia y condiciones de detención que, según señaló, serían «incompatibles con la dignidad humana». Los registros de JEP, citado por la CIDH, reportan el «fallecimiento bajo custodia de cuatro integrantes de la FANB y dos exfuncionarios de seguridad». El Foro Penal informó al organismo de cuatro muertes: tres correspondientes a personas detenidas por la Dgcim y una por el Sebin. A estas denuncias se suman señalamientos sobre períodos pr
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