La muerte de Carmen Teresa Navas representa una tragedia que debería conmover a toda América Latina, especialmente a Argentina. Esta madre venezolana falleció apenas diez días después de enterarse de que su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, había muerto bajo custodia del régimen chavista. Durante meses, Carmen Teresa recorrió desesperadamente centros de detención, tribunales y organismos del Estado buscando una fe de vida de su hijo, mientras las autoridades ya sabían que él estaba muerto y lo habían enterrado en una fosa común. Este acto de crueldad deliberada, obligar a una madre a seguir buscando mientras se ocultaba la muerte de su hijo, constituye un mecanismo refinado de tortura emocional implementado por el aparato represivo venezolano.
La muerte de Carmen Teresa Navas no es un caso aislado sino parte de un patrón sistemático de destrucción familiar ejecutado por la dictadura chavista. En enero falleció Omaira Navas apenas quince días después de la liberación de su hijo Ramón. También murió Yarelis Salas esperando la liberación de su hijo Kevin, quien fue excarcelado apenas cuatro días después de su fallecimiento. Estas muertes no son coincidencias naturales sino consecuencias directas de un sistema que administra el dolor, convierte la incertidumbre en un mecanismo de tortura y utiliza a las familias como rehenes emocionales. Hace pocos días también falleció Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien fue secuestrado por la dictadura chavista hace casi un año. Carlos murió esperando poder abrazar nuevamente a su hijo.
Es fundamental que Argentina entienda la gravedad de lo que ocurre en Venezuela, porque no se trata de una tragedia ajena ni de una crisis política abstracta, sino de una maquinaria humana de destrucción que tiene ciudadanos argentinos como víctimas. Germán Giuliani permanece encarcelado injustamente a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso una boleta de excarcelación desde febrero. Sin garantías, sin debido proceso y sin derechos fundamentales, ha sido convertido en rehén político de una estructura criminal que utiliza seres humanos como fichas de negociación y mecanismos de terror. Su padre murió esperando verlo libre, víctima de un sistema que destruye familias enteras como parte de su lógica represiva.
Existe un silencio insoportable en sectores que continúan relativizando lo que ocurre en Venezuela, hablando de "tensiones", "polarización" o "problemas institucionales" frente a un sistema que desaparece personas, tortura presos políticos y deja morir madres consumidas por el dolor. Demasiada gente permanece cómoda mirando hacia otro lado mientras familias son destrozadas y ciudadanos son utilizados como herramientas de represión política. La pregunta que surge es inevitable: ¿cuántas familias más tienen que ser destruidas para que la comunidad internacional reaccione ante esta barbarie?
Fuente: Infobae America — Ver nota original
