La abogada Martha Tineo, coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, presentó un análisis detallado sobre las graves violaciones a derechos humanos en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, detenido arbitrariamente y fallecido bajo custodia estatal. Durante su intervención en el programa Efecto Paz de Efecto Cocuyo y Laboratorio de Paz, Tineo reconstruyó meticulosamente los hechos que rodean este caso, sumándose a la lista de presos políticos muertos en detención. La defensora exigió una investigación exhaustiva e independiente y la aplicación de los estándares del Protocolo de Minnesota para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Una de las contradicciones más graves identificadas por Tineo radica en las versiones oficiales sobre la fecha del fallecimiento. Mientras el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que Quero falleció el 24 de julio de 2025, la Defensoría del Pueblo comunicó a la familia en octubre de ese mismo año que el detenido aún se encontraba recluido en el Internado Judicial El Rodeo I. Esta discrepancia temporal de meses constituye un elemento suficiente para cuestionar la integridad de los registros estatales y evidencia fallas sistemáticas en la documentación oficial.
Tineo desmintió también la versión estatal sobre el desconocimiento de vínculos familiares, presentando pruebas de múltiples gestiones realizadas por Carmen Navas, madre de la víctima, ante el Ministerio Público. Según la abogada, el caso reúne todos los elementos constitutivos de una desaparición forzada, caracterizada por la negativa sistemática de información y las contradicciones mantenidas durante más de un año. Criticó duramente el fracaso estatal en su deber de garantía y protección, enfatizando que las experticias médico-forenses deben ser realizadas por especialistas independientes.
La presentación de Tineo evidencia cómo el sistema de justicia venezolano ha fallado no solo en proteger a los privados de libertad, sino también en mantener registros transparentes y consistentes sobre sus custodios. El caso de Quero Navas reabre el debate sobre las muertes bajo custodia en Venezuela, que según organizaciones de derechos humanos ya suman al menos 26 casos desde 2015. El Estado ahora enfrenta la exigencia de permitir mecanismos de investigación externos que garanticen la transparencia que las instituciones actuales no han podido ofrecer.
Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original
