Condenados en caso Tancol denuncian torturas y violaciones al debido proceso

Un tribunal venezolano condenó el 5 de mayo de 2026 a 30 años de prisión a María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador en el controversial caso Tancol, que comenzó en 2022. La sentencia, en lugar de cerrar el caso, ha reavivado interrogantes sobre la legalidad del proceso judicial seguido contra los acusados. Familiares y defensores de los condenados han presentado denuncias formales sobre irregularidades procesales graves y posibles violaciones de derechos humanos.

Nurys Villamizar, madre de Luis y Richard Domador, ha presentado acusaciones severas sobre torturas durante la detención de sus hijos. Según su testimonio, los hermanos estuvieron desaparecidos durante ocho días después de ser aprehendidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en San Cristóbal, estado Táchira. Durante ese período fueron trasladados al río Torbes, donde fueron obligados a arrodillarse, amenazados de muerte, golpeados, asfixiados con bolsas y colgados durante varios días.

Los acusados fueron trasladados a través de varios centros de detención, comenzando en San Cristóbal, pasando por Rodeo II y finalmente llevados a Yare. La familia denuncia que antes de cualquier sentencia firme, los hermanos Domador ya eran presentados públicamente como terroristas, lo que habría condicionado la percepción pública del caso. Esta estrategia de comunicación habría comprometido gravemente garantías fundamentales y el derecho a la presunción de inocencia.

Los defensores de los acusados sostienen que el expediente fue construido bajo circunstancias que vulneraron derechos humanos básicos y estándares internacionales. La presentación prematura de los imputados como terroristas, combinada con las acusaciones de desapariciones forzadas y torturas, ha generado cuestionamientos sobre si el proceso judicial respetó los mínimos de debido proceso. Estos señalamientos ponen en evidencia las debilidades estructurales del sistema judicial venezolano en casos de alta sensibilidad política.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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