La solicitud de extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles por parte de un juez argentino marca un hito importante en la búsqueda de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Este procedimiento judicial, tramitado por el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires bajo la dirección del juez Sebastián Ramos y con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli, se fundamenta en el principio de jurisdicción universal. Este principio permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde se hayan cometido ni la nacionalidad del autor o la víctima, lo que abre nuevas posibilidades para perseguir responsables de violaciones sistemáticas.
La causa argentina se fortaleció significativamente con la denuncia presentada el 18 de enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), una coalición integrada por políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos. Esta denuncia penal inicial contra el régimen de Nicolás Maduro fue ampliada el 14 de febrero de 2024, incluyendo casos emblemáticos como el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en el aeropuerto internacional de Maiquetía. San Miguel fue sometida a desaparición forzada y trasladada al centro de detención El Helicoide, hechos que ilustran la gravedad de las violaciones investigadas.
La persecución judicial se ha intensificado con múltiples órdenes de captura internacional. En septiembre de 2024, el juez Ramos ordenó la detención de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello (ministro de Interior y Justicia), el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Justo José Noguera Pietri y otros trece funcionarios. Posteriormente, el 4 de febrero de 2026, apenas un mes después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, el juez Sebastián Ramos solicitó formalmente a la administración estadounidense la extradición del exlíder venezolano hacia Argentina para que enfrente los cargos pendientes en los tribunales locales.
La Guardia Nacional Bolivariana ha sido objeto de investigaciones específicas, con la Fundación Clooney para la Justicia presentando una denuncia separada el 14 de junio de 2023 pidiendo la investigación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos atribuibles a esta institución de seguridad. Estos esfuerzos coordinados desde Argentina representan un enfoque multinacional para garantizar que los responsables de crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela enfrenten la justicia, estableciendo precedentes importantes para la protección de derechos humanos en la región.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
