El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, denunció un incremento alarmante de la violencia y restricciones contra trabajadores de la prensa en Venezuela durante el primer semestre del año. Según un balance divulgado el 1° de junio, se contabilizaron más de 97 agresiones entre enero y mayo, cifra que supera significativamente los 72 casos registrados en el mismo período del año anterior. Esta escalada de violencia refleja un cambio preocupante en las tácticas de represión contra el ejercicio periodístico en el país.
Los principales casos documentados por el CNP Caracas incluyen 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 ataques directos, 12 casos de borrado de contenido grabado, 10 episodios de hostigamiento, 8 situaciones de intimidación y el cierre de 4 estaciones de radio. Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, señaló que «pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros». Esta transformación representa una estrategia coordinada para limitar el acceso a la información y silenciar voces críticas.
El organismo gremial también denunció que seis trabajadores de prensa liberados a finales de febrero mantienen medidas restrictivas que les impiden ejercer libremente su profesión. Aunque fueron excarcelados los 28 periodistas que estaban detenidos arbitrariamente, enfrentan prohibiciones para viajar, obligaciones de presentarse regularmente ante tribunales y limitaciones para desarrollar su labor periodística. Adicionalmente, el CNP alertó que el marco jurídico venezolano está diseñado deliberadamente para legitimar la censura, mediante leyes como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, que utiliza definiciones ambiguas para criminalizar la opinión y forzar la autocensura.
Ante este panorama hostil, el CNP Caracas anunció que mantendrá actividades de formación, foros y espacios de discusión dirigidos a periodistas y estudiantes de comunicación social como parte de su resistencia institucional. El secretario general reafirmó que mientras existan periodistas dispuestos a defender el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna y veraz, continuarán conmemorando su labor «con dignidad y firmeza», enfatizando que los gobiernos democráticos tienen la obligación de proteger los derechos humanos y los tratados internacionales.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
