La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la creación de una línea telefónica denominada 0800-Extorsión, destinada a que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción cometidos por funcionarios policiales, fiscales o jueces. El anuncio se realizó durante el acto de instalación de la gran consulta nacional para reformar el sistema de justicia penal del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. Rodríguez expresó su determinación de acabar con la práctica de la extorsión y el soborno, señalando que "el pueblo venezolano lo pide" y que es necesario que no se manche la dignidad de las instituciones públicas.
La mandataria hizo un llamado a la colaboración de los ciudadanos y los organismos de seguridad para lograr una justicia más transparente y honesta. Enfatizó que es injusto que los policías, jueces y fiscales honestos paguen por las acciones delictivas de aquellos que cometen extorsión contra los ciudadanos. Rodríguez subrayó la urgencia de contar con un sistema de justicia que esté a la altura del momento histórico que vive Venezuela, respondiendo a las necesidades morales y éticas que requiere la república.
El fiscal general Larry Devoe explicó que Venezuela inició este lunes un proceso de consulta nacional para reformar la justicia penal, en el que se abordarán nueve grandes temas, incluyendo el retardo procesal, el acceso a la justicia, la ética y la independencia del Poder Judicial. El funcionario indicó que habrá mecanismos de consulta general para escuchar las opiniones de todos los sectores involucrados en el sistema de justicia penal, incluyendo comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, jóvenes, indígenas y trabajadores. Además, se desarrollará un proceso de consulta específica con los actores del sistema de justicia penal con una perspectiva autocrítica.
Devoe señaló que el objetivo es revisar cada uno de los procesos, prácticas y modos de proceder que están desarrollando los actores del sistema de justicia penal para mejorar y transformar el funcionamiento actual. Rodríguez había identificado previamente tres grandes desafíos en la Justicia venezolana: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza. La presidenta encargada indicó que un análisis realizado determinó que el 68 por ciento de las personas encarceladas en el país proviene de estratos económicos y sociales menos favorecidos, evidenciando la necesidad de una reforma estructural del sistema penal.
Fuente: Banca Negocios — Ver nota original
