Las organizaciones no gubernamentales venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea alertaron este viernes sobre la muerte de 27 personas detenidas por motivos políticos bajo custodia del Estado chavista desde 2014. Entre las víctimas se encuentra Víctor Quero Navas, comerciante de 51 años cuya muerte fue confirmada esta semana tras meses de búsqueda por parte de su madre, y Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa que falleció en prisión en 2021 tras estar detenido durante 12 años. Ambas organizaciones publicaron en redes sociales una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de los presos políticos, evidenciando una crisis sistemática de derechos humanos.
Según datos de Provea y JEP, el año 2024 registró la mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal con cinco fallecimientos, seguido de 2019 y 2025 con cuatro muertes cada uno. Estos números revelan una tendencia preocupante de vulneración de derechos fundamentales en centros penitenciarios y de detención venezolanos. Las organizaciones enfatizaron que estas cifras evidencian la debilidad institucional del país para contener los abusos de poder y exigieron un proceso genuino de reinstitucionalización que coloque la garantía de derechos humanos en el centro de la agenda nacional.
El caso de Víctor Quero Navas ilustra la gravedad de la situación. El comerciante fue detenido en enero de 2025 sin orden judicial por funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y sometido a desaparición forzada. Su madre, Carmen Teresa Navas de más de 80 años, lo buscó durante 16 meses en cárceles, tribunales y fiscalías, enfrentando silencio, información falsa e incluso hostigamiento para que abandonara sus reclamos. Recién en octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo le informó que estaba recluido en un penitenciario cercano a Caracas, cuando ya había sido enterrado sin presencia familiar tres meses antes.
Provea y JEP exigieron la investigación inmediata del ministro chavista para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, así como del exfiscal Tarek William Saab y del exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz, quienes renunciaron en febrero pasado. Las organizaciones demandan que se esclarezca las responsabilidades en estos casos y se sancione a los funcionarios involucrados en violaciones sistemáticas de derechos humanos, considerando que la impunidad perpetúa la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el aparato estatal.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
