CIDH denuncia 450 presos políticos en Venezuela y exige liberación

CIDH denuncia 450 presos políticos en Venezuela y exige liberación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Venezuela permanecen 450 presos políticos, entre los cuales hay 44 mujeres y un adolescente. Edgar Ralón Orellana, presidente de la CIDH y relator para Cuba y Venezuela, exigió al gobierno la liberación inmediata de los detenidos y permitir el ingreso de expertos internacionales para supervisar las condiciones de las cárceles del país. Las cifras corresponden a denuncias documentadas por la sociedad civil y monitoreadas por la comisión, que especifica la composición de los presos: 286 civiles y 186 militares.

Según Ralón Orellana, aunque Nicolás Maduro ya no encabeza el gobierno, la persecución política continúa sin cambios significativos. El funcionario señaló que existe una política de Estado diseñada para silenciar cualquier voz disidente y que quienes fueron liberados en meses recientes permanecen bajo vigilancia y prohibiciones de comunicarse con medios de prensa. El organismo internacional afirma que en Venezuela no existe democracia ni respeto pleno a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales.

La CIDH también documentó muertes de presos políticos bajo custodia estatal. Ralón Orellana mencionó al menos dieciocho fallecidos, incluyendo a Víctor Hugo Quero Navas, Reinaldo Araújo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz. El funcionario enfatizó que tras cada número hay una persona y una familia sumida en dolor inmenso. Estos casos han sido denunciados y condenados internacionalmente ante la Organización de los Estados Americanos.

El organismo internacional denunció que persisten en Venezuela la desaparición forzada, la tortura y la incomunicación de detenidos. La CIDH mantiene un monitoreo constante de la situación de derechos humanos en el país y continúa exigiendo a las autoridades venezolanas que garanticen el acceso a inspectores internacionales para verificar las condiciones carcelarias y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los prisioneros.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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