El gobierno de Venezuela aspira concretar la reestructuración de su deuda externa con la mayor celeridad posible, apoyándose en un análisis riguroso de su sostenibilidad financiera. Con este propósito, las autoridades venezolanas prevén presentar su marco macroeconómico y el análisis detallado de sostenibilidad de su deuda pública ante la comunidad financiera internacional durante el mes de junio de 2026. El Ejecutivo Nacional se ha comprometido públicamente a completar este proceso prioritario en pleno cumplimiento de los marcos legales y regulatorios aplicables, reconociendo la importancia estratégica de restaurar la confianza con sus acreedores.
Para impulsar este ambicioso proceso de negociación, Venezuela contrató a la prestigiosa banca de inversión Centerview Partners como asesora financiera especializada. Esta firma internacional, con sede principal en Nueva York, posee oficinas adicionales en Londres, París, Menlo Park y San Francisco, y cuenta con una vasta experiencia en procesos de recapitalización, reestructuración, fusiones y adquisiciones, asesoría estratégica de juntas directivas y estructuración de instrumentos de financiamiento. Centerview Partners fue fundada en 2006 por Blair Effron, ex vicepresidente de UBS AG, y Robert Pruzan, ex director ejecutivo de Dresdner Kleinwort Wasserstein North America.
La firma cuenta con un equipo asesor de alto nivel que incluye figuras prominentes del ámbito financiero y político estadounidense. Desde 2010, Robert E. Rubin, ex secretario del Tesoro durante la administración Clinton, se desempeña como asesor senior. En 2019, Rahm Emanuel, exjefe de gabinete del presidente Obama, se incorporó para establecer la oficina de Chicago. Más recientemente, en 2023, Richard N. Haass, ex presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, asumió una posición como asesor senior, seguido en 2025 por Reince Priebus, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca.
La estrategia de reestructuración de Venezuela se fundamenta en cuatro principios clave: primero, la sostenibilidad mediante un análisis riguroso que refleje las necesidades reales del país y justifique un alivio significativo de la deuda; segundo, la integralidad al abarcar todas las obligaciones externas del sector público, incluyendo las de la República y PDVSA, en un proceso unificado; tercero, la buena fe y transparencia con comunicación abierta y continua con los acreedores; y cuarto, la celeridad para alcanzar una resolución rápida, consensuada e integral que beneficie al pueblo venezolano.
Fuente: Banca Negocios — Ver nota original
