El régimen chavista anunció formalmente el inicio de un proceso para reestructurar la deuda externa de Venezuela y de la empresa estatal petrolera PDVSA, buscando reconectarse con el sistema financiero internacional después de años de impagos, colapso económico y acusaciones de corrupción en el manejo de recursos públicos. Esta medida representa un intento de renegociar obligaciones que, según cálculos privados, podrían superar los 170.000 millones de dólares, incluyendo bonos en default, préstamos bilaterales, intereses acumulados, demandas arbitrales y juicios internacionales derivados de expropiaciones ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez.
El gobierno venezolano informó que iniciará un proceso "formal, integral y ordenado" de renegociación de deuda con el objetivo de "reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones y estabilizar la economía". Sin embargo, especialistas en la materia han señalado que Venezuela enfrenta obstáculos significativos para avanzar en una reestructuración de tal magnitud, entre ellos las sanciones financieras vigentes, la ausencia de datos oficiales actualizados y la compleja red de acreedores y litigios pendientes en distintos tribunales internacionales.
La opacidad fiscal se ha convertido en uno de los principales cuestionamientos contra el estado venezolano. El Banco Central dejó de publicar cifras completas sobre deuda externa en 2018, cuando rondaba los 90.000 millones de dólares. Desde entonces, organizaciones independientes y analistas financieros sostienen que gran parte del endeudamiento ocurrió en medio de denuncias de desfalco, desvío de fondos y corrupción dentro de PDVSA, empresa que pasó de ser una de las petroleras más importantes de América Latina a convertirse en símbolo de deterioro institucional y caída productiva.
La petrolera estatal dejó de pagar bonos en 2017 y desde entonces acumuló intereses impagos y múltiples demandas de acreedores internacionales. El derrumbe de la producción petrolera, combinado con sanciones estadounidenses y años de controles estatales, agravó drásticamente la incapacidad de pago del país. Expertos advierten que aún no existen condiciones suficientes para una renegociación plena y que el proceso enfrentará desafíos considerables en los próximos meses.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
