A partir del 17 de diciembre de 2026, una nueva norma de la administración Trump entrará en vigencia en Estados Unidos, reduciendo significativamente el tiempo que tienen las personas detenidas por agencias migratorias para apelar una orden de deportación. Hasta ahora, los migrantes contaban con 30 días para presentar un recurso de apelación, pero esta medida, que había sido bloqueada por un juez federal en marzo, fue desbloqueada recientemente tras recursos interpuestos por el Departamento de Justicia en cortes de apelación. Los abogados especializados en temas migratorios advierten que esta reducción de plazos hará prácticamente imposible acceder a una defensa legal adecuada.
Expertos en derecho migratorio consideran que diez días son insuficientes para preparar una apelación efectiva. El abogado Raed González señaló que si ya hay dificultades para hacerlo en 30 días, en 10 días resultará aún más complicado. La abogada Johanna Kelley agregó que argumentar errores judiciales en tan poco tiempo es prácticamente imposible, especialmente cuando el detenido debe encontrar abogado, revisar la decisión del juez, identificar errores y presentar la apelación, muchas veces desde un centro de detención. Si el detenido no logra presentar su formulario y realizar el pago antes del décimo día, la orden de deportación se vuelve definitiva automáticamente, permitiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ejecutar la expulsión de forma inmediata.
Esta medida se implementa en un contexto donde el sistema migratorio estadounidense se encuentra completamente saturado. Los casos pendientes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración han superado las 325,000 peticiones desde 2017, según datos del Departamento de Justicia. Las autoridades argumentan que acelerar los procesos es necesario para evitar que el sistema de apelaciones sea utilizado como táctica dilatoria para prolongar la estancia en el país y reducir los costos operativos de mantener a miles de personas en centros de detención durante meses o años.
Sin embargo, el costo de presentar una apelación constituye otra barrera importante para los migrantes. El monto inicial de 10,60 dólares para presentar una apelación ha experimentado un aumento dramático del 863 por ciento desde 2024, cuando costaba 110 dólares, sin incluir los honorarios de abogado. Los abogados advierten que esta combinación de plazos insuficientes, costos elevados y falta de acceso a representación legal viola el debido proceso de ley y probablemente enfrentará múltiples demandas en los tribunales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original