El Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes, operando apenas al 25% de su capacidad con una infraestructura que arrastra más de 30 años de obsolescencia. Según el ingeniero electricista Ángel Rodríguez, el país se encuentra en un punto de no retorno que requiere una solución integral basada en inversión masiva y voluntad política, elementos que hasta ahora han brillado por su ausencia. El especialista advierte que la situación actual es exactamente el escenario que se intentó evitar durante años con advertencias ignoradas por las autoridades competentes.
En el corto plazo, Venezuela necesita de manera urgente 20 mil millones de dólares para estabilizar el sistema eléctrico nacional. Esta cifra es comparable a los montos registrados recientemente en casos de corrupción en el sector petrolero. A mediano plazo, la inversión requerida asciende a 40 mil millones de dólares adicionales, cifra que permitiría rehabilitar desde la Central Hidroeléctrica del Guri hasta las redes de distribución en cada entidad federal. Rodríguez enfatiza que la generación de energía en Guri, responsable de gran parte de la energía nacional, requiere inversiones técnicas que simplemente no se han realizado.
El ingeniero denuncia que aunque se logre generar energía, el sistema fracasa en su transmisión hacia las subestaciones regionales. Las empresas del sector eléctrico se encuentran severamente limitadas, sin stock de repuestos, vehículos ni combustible para atender las fallas en las comunidades. Esta situación ha agravado el calvario de los ciudadanos quienes enfrentan apagones recurrentes. El crecimiento poblacional y la disparada demanda energética no fueron acompañados por inversiones proporcionales en infraestructura, generando un desfase crítico entre oferta y necesidad.
Uno de los dilemas más complejos identificados por Rodríguez es la desaparición de la cultura de pago por servicios eléctricos en el país. El especialista señala una contradicción social evidente: mientras el sistema se desmorona por falta de financiamiento, existe una resistencia generalizada a pagar por el servicio, incluso cuando se destinan recursos a gastos mucho menos esenciales. Sin embargo, aclara que no puede culparse exclusivamente al usuario, pues el Estado ha demostrado incapacidad crónica para suministrar un servicio de calidad, generando desconfianza en la población respecto a cualquier modelo de pago.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
