En mayo de 2020, las costas de Macuto y Chuao fueron escenario de la presunta Operación Gedeón, una incursión marítima supuestamente diseñada para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Seis años después, más de 80 ciudadanos implicados permanecen encarcelados en Venezuela, sometidos a condiciones de aislamiento extremo y torturas sistemáticas, según denuncian sus familiares. La mayoría de los detenidos, 32 de ellos, permanecen recluidos en el Fuerte Guaicaipuro en el estado Miranda, enfrentando expedientes plagados de irregularidades y un deterioro físico alarmante derivado de las condiciones carcelarias.
La narrativa judicial que fundamentó condenas de hasta 30 años de prisión se sustentó principalmente en confesiones obtenidas bajo coacción, de acuerdo con los abogados defensores. Organizaciones como el Foro Penal han documentado que muchos de los acusados fueron capturados sin armamento ni uniformes, lo que vulnera desde el inicio su derecho al debido proceso. Los detenidos fueron impedidos de contar con defensa de confianza hasta avanzada la etapa de juicio, consolidando un proceso judicial marcado por la opacidad y el abuso de autoridad.
Las familias relatan patrones devastadores de aislamiento que en ocasiones superaron los seis meses sin contacto alguno con sus allegados. Mónica Pulido, esposa de Justo Daza, uno de los detenidos, describió a Crónica Uno el calvario: "Pasaron seis meses de tortura, de castigo, donde no dejaron que los familiares los vieran, pasaron hambre, los mantuvieron 15 días desnudos, comían luego cuatro o cinco días". Los relatos convergen en un cuadro clínico alarmante que incluye desnutrición severa, piel pegada a los huesos, pupilas dilatadas y desorientación psicológica que sugiere un quiebre mental intencional.
Mientras que en diciembre de 2023 los estadounidenses Airan Berry y Luke Denman fueron liberados en un canje diplomático entre Caracas y Washington, los ciudadanos venezolanos implicados permanecen en sus condenas sin que se les haya concedido amnistía alguna. Sus juicios se han estancado y enfrentan traslados a centros penitenciarios de máxima seguridad como El Rodeo I. La exclusión de estos presos de la Ley de Amnistía perpetúa una situación que viola flagrantemente los derechos humanos fundamentales.
Fuente: CronicaUno — Ver nota original
