Joan Royo GualRío de Janeiro – 03 jun 2026 – 06:00CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosAñadir EL PAÍS en GoogleCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceCuando llega a su despacho por la mañana, la comisaria Rita Salim, de la Policía Civil de Río de Janeiro, sabe que a lo largo del día llegarán entre dos y tres personas denunciando haber sido víctimas de racismo. Algunas se atreverán a hacerlo tras una vida de discriminación por el color de su piel. “Muchas víctimas vienen cuando ya no pueden más, cuando la gota colma el vaso”, dice en una entrevista en su oficina. Es una escena triste y al mismo tiempo esperanzadora. El velo de silencio y vergüenza que históricamente cubrió este tipo de discriminación está desapareciendo. Brasil registró más de 7.000 denuncias por racismo en 2025, un 67% más que el año anterior.Los especialistas lo interpretan como el principio del fin de la subnotificación y lo atribuyen a una mezcla de factores: leyes robustas, una policía más preparada y, sobre todo, más conciencia social. Brasil, que fue el último país de América en abolir la esclavitud, en 1888, tiene ahora las leyes antirracistas más avanzadas del continente.A algunos turistas, eso les pilla por sorpresa. La argentina Agostina Páez fue detenida por llamar “mono” e imitar a ese animal para ofender a un empleado negro en un bar. “Hay una ley en Brasil que es muy severa”, dijo al regresar a casa, tras dos meses en prisión preventiva en un apartamento y tras depositar una fianza de 20.000 dólares para poder volver a Argentina. Ahora está a la espera de juicio.En los últimos meses, se han multiplicado los casos de extranjeros presos por racismo. El último, otro argentino que en un tren turístico fotografió a un niño y bromeó diciendo que quería llevárselo a casa como esclavo. Ya lleva casi dos semanas entre rejas. Con la ley brasileña en la mano, esas palabras se castigan con entre dos y cinco años de cárcel. La pena puede doblarse si el delito se comete en grupo o si se difunde en redes sociales.La comisaría que dirige Salim está especializada en delitos de racismo y de otros tipos de discriminación (contra el colectivo LGTBQIA+, contra personas con discapacidad o por motivos religiosos), abrió hace ya ocho años y reúne a una veintena de agentes. Este tipo de comisarías, que se están empezando a abrir paso y ya funcionan en estados como Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais o Bahía son una de las claves que están ayudando a que aumenten las denuncias.Los policías están más preparados, participan en seminarios, cursos y conferencias y tienen contacto directo con ONGs y asociaciones antirracistas. Aun así, cualquiera puede denunciar un delito de racismo en cualquier comisaría de barrio, donde se trabaja para que siempre haya al menos un policía especializado en el tema. Salim asume que muchas personas temen denunciar por miedo a ser revictimizados por el agente de turno. “Tienen miedo de llegar a la comisaría y ser discriminados de nuevo. Aquí trabajamos para erradicar ese tipo de atención intimidatoria”, asegura Salim.El perfil de las víctimas es variopinto y no entiende de edades o clases sociales, como tampoco el de los agresores, aunque la comisaria explica que entre las personas más mayores en muchas ocasiones ni siquiera se tiene conciencia de la gravedad del asunto. “A veces les interrogamos y usan palabras altamente discriminatorias, corroboran lo que realmente piensan sin darse cuenta… Luego intentan arreglarlo alegando que su mejor amigo es negro, que tienen un pariente negro… pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra”.Pasa algo parecido con los extranjeros que dicen desconocer la realidad de Brasil. En su caso, están más expuestos a ser detenidos de forma preventiva, por el temor huyan del país. Cuando una persona es arrestada in fraganti (normalmente con la ayuda de testigos y grabaciones de celular) es muy común que el juez
Fuente: El Pais — Ver nota original
