La organización de derechos humanos Provea cuestionó este miércoles la propuesta del Parlamento venezolano de aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que la institución no necesita más jueces sino garantizar su independencia frente a las influencias del régimen. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, enfatizó que los magistrados deben ser designados mediante concursos públicos y actuar conforme a la Constitución, sin presiones externas que comprometan sus decisiones.
La ONG subrayó que cualquier reforma del TSJ debe fundamentarse en mecanismos constitucionales y no en decisiones discrecionales del gobierno. Alvarado denunció prácticas irregulares donde los jueces reciben instrucciones de superiores o terceros, violando principios básicos como el derecho a la defensa y el debido proceso. Insistió en que los magistrados deben resolver las causas exclusivamente con base en el derecho y las pruebas presentadas, rompiendo con patrones de subordinación que caracterizan al sistema judicial venezolano.
El Parlamento aprobó en primera discusión el martes un proyecto que incrementaría los magistrados del TSJ de 20 a 32, modificando la composición de las cinco salas principales para que cada una tenga cinco miembros en lugar de tres, mientras que la Sala Constitucional pasaría de cinco a siete magistrados. El presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, justificó la iniciativa como parte de una transformación integral del sistema de justicia, aunque diputados opositores protestaron por la falta de tiempo para analizar la propuesta y demandaron un debate más amplio y consensuado.
La reforma llega en medio de un proceso de selección de nuevos magistrados para ocupar vacantes por renuncias y jubilaciones, mientras el gobierno instala una comisión para revisar la reforma penal con el propósito de reducir problemas estructurales como el retardo procesal y la corrupción. Sin embargo, críticos advierten que el aumento de curules podría ser utilizado para concentrar aún más el control político sobre los tribunales, en lugar de fortalecer la independencia judicial que Venezuela requiere.
Fuente: Infobae — Ver nota original
