La organización de derechos humanos Provea presentó su informe anual 2025 advirtiendo que Venezuela corre el riesgo de consolidar "un nuevo esquema autoritario con legitimidad internacional" si la apertura económica que se está construyendo en el país no va acompañada de la restitución de instituciones democráticas y el respeto a los derechos fundamentales. Según el documento titulado "El eclipse de la Constitución", esta situación se agravó durante los primeros meses de 2026, por lo que la organización enfatiza que ningún proceso de liberalización económica puede estar desvinculado de las libertades democráticas, la participación ciudadana y la transparencia.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, advirtió que en el país se está construyendo un movimiento político que conduce hacia una "tecnocracia autoritaria" donde las decisiones nacionales no están en manos de personas electas democráticamente por los ciudadanos. La organización, que documenta violaciones de derechos humanos desde hace más de 30 años, alerta sobre la incompatibilidad entre una apertura económica sin libertades democráticas y los principios básicos de derechos humanos, así como la imposibilidad de que exista una democracia liberal cuando el modelo económico se implementa pisoteando los derechos de las personas.
El informe de Provea analiza al menos 14 derechos durante 2025 y presenta un "panorama de regresión sostenida y asedio estructural" que incluye cifras alarmantes de violaciones. Se registraron 160 casos de desaparición forzada, representando un aumento del 196% comparado con 2024, además de 336 personas asesinadas por fuerzas policiales y militares. Asimismo, más de 130 dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente, muchos sometidos a desaparición forzada, evidenciando una persecución focalizada contra líderes políticos y sociales en el país.
A pesar de la represión desatada en 2024 y mantida durante 2025, los trabajadores encabezaron las principales protestas del país, demostrando resistencia ante el autoritarismo. La organización enfatiza que ningún proceso de liberación económica o transformación política puede legitimarse internacionalmente si no viene acompañado del desmantelamiento del aparato represivo, el retorno al Estado de Derecho y la garantía efectiva de los derechos humanos fundamentales para toda la población venezolana.
Fuente: Cronica Uno — Ver nota original
