El juicio del caso Pdvsa Cripto se ha convertido en una plataforma de denuncias cruzadas donde los imputados acusan a funcionarios del Estado de corrupción, torturas y confiscación ilegal de bienes. Los testimonios de más de 60 acusados, incluyendo figuras como Tareck El Aissami y Hugbel Roa, coinciden en señalar que los aparatos de contrainteligencia militar fueron instrumentalizados no para esclarecer el desfalco petrolero, sino para fabricar expedientes falsos y forzar la transferencia gratuita de activos privados bajo coacción en calabozos militares durante 2023 y 2024.
Las transcripciones de las audiencias, celebradas en el piso 6 del Palacio de Justicia de Caracas con restricción a la prensa, revelan una cadena de 20 nombres del entorno político, judicial y empresarial involucrados en la red de despojo corporativo. Entre los señalados están el exfiscal general Tarek William Saab, su hermano, altos funcionarios del Poder Judicial, jefes de cuerpos de seguridad y miembros de la familia Maduro Flores. Algunos acusados presentan documentos que respaldan sus denuncias de violaciones a derechos humanos y torturas durante su detención.
El caso Pdvsa Cripto representa uno de los mayores desfalcos en la historia de la empresa estatal petrolera. Según documentos internos de Pdvsa reportados por Reuters en 2023, había 21.200 millones de dólares en facturas impagadas por exportaciones petroleras facturadas entre enero de 2020 y marzo de 2023, dinero presuntamente desviado a beneficio privado. La acusación del Ministerio Público estima que el daño provocado al erario supera los 5.000 millones de dólares, aunque organizaciones como Transparencia Venezuela calculan pérdidas superiores a 16.000 millones de dólares.
El proceso judicial ha generado una dinámica inusual donde los acusados utilizan el estrado para responsabilizar directamente a estructuras del propio Ministerio Público y de los órganos de seguridad por violaciones a derechos humanos. Las actas judiciales muestran un inventario detallado de denuncias específicas que cuestiona la integridad de la investigación y la legalidad de los procedimientos seguidos contra los imputados, abriendo un debate sobre la participación de autoridades estatales en prácticas ilícitas bajo el pretexto de combatir la corrupción.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
